Entendemos que es necesario contar un Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática en Latinoamérica, que tenga por objetivo visibilizar, comparar y analizar las distintas formas y alternativas con la que los Estados garantizan (o no) el acceso a la salud de sus poblaciones y en particular, como aseguran la disponibilidad, asequibilidad, oportunidad, calidad y accesibilidad a las tecnologías sanitarias (insumos críticos, medicamentos y vacunas), tratamientos y prácticas sanitarias.

El Observatorio busca encontrar patrones de judicialización de políticas públicas sanitarias en la región, con el fin de conocer y diseñar mejores mecanismos y herramientas para la resolución y/o gestión de los conflictos en materia sanitaria con una perspectiva de Derechos Humanos. A la vez, se propone generar sistemas de alertas frente a tendencias regresivas del derecho a la salud en los países de LAC.

El Observatorio quiere constituirse en la región en una referencia en materia de justicia sanitaria y climática a partir del análisis crítico de los fallos judiciales a la luz de la corriente de salud colectiva latinoamericana y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

Para ello se propone desencadenar procesos relacionales, dialógicos y pedagógicos con distintos actores estatales, academia y organizaciones de la sociedad civil, poderes judiciales, ministerios públicos, consejos de las magistraturas y ciudadanía para la elaboración e implementación e incidencia en políticas judiciales y sanitarias que aseguren la realización del derecho a la salud en particular para los grupos vulnerabilizados. El Observatorio se constituye como un espacio de diálogo entre distintos actores.

Aún no existe un Observatorio Judicial y/o centro de información judicial dependiente de las Cortes Supremas o Superiores Tribunales de Justicia que sistematice la información en relación con cómo los Estados (nacionales y subnacionales) garantizan el derecho a la salud de su población y el acceso a tecnologías sanitarias.

Teniendo en cuenta los problemas identificados, necesitamos un Observatorio de fallos judiciales que pueda, a partir de la información recabada y su análisis crítico, generar propuestas para la mejora de mecanismos, herramientas y procedimientos vinculados con el derecho a la salud, tecnologías, los determinantes legales, económicos, ambientales y sociales.

Queremos conocer cómo deciden los poderes judiciales, sobre qué bases y perspectivas, cómo resuelven posible colisión de intereses (económicos, sociales, ambientales) y tensiones con otros derechos fundamentales, así como la posibilidad de armonizar estos derechos con el deber de protección de los Estados y la debida diligencia.