Desde el Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática queremos compartir el Informe Anual 2025 elaborado por XUMEK, que analiza de manera integral la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza.
El informe reúne una serie de artículos que abordan, desde una perspectiva crítica y situada, los principales desafíos actuales en materia de justicia, democracia y derechos humanos. A través de distintos ejes temáticos —como violencia institucional, acceso a la justicia, pueblos indígenas, ambiente, sistema penal, discapacidad y género—, el documento da cuenta tanto de avances como de retrocesos normativos y prácticas estatales que impactan de forma directa en la vida de las personas y las comunidades.
En este marco, invitamos especialmente a leer el Capítulo 7: “Justicia Digital en el sector público: Riesgos y Oportunidades”, elaborado por María Natalia Echegoyemberry, directora del Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática y vicepresidenta de XUMEK.
El capítulo analiza el avance acelerado de los sistemas de Inteligencia Artificial en el sector público y advierte sobre los desafíos éticos, jurídicos, psicosociales, epistemológicos, ambientales y en materia de derechos humanos que estos procesos conllevan. Desde una mirada situada en América Latina y en Argentina, el trabajo destaca cómo la incorporación de IA se desarrolla en contextos atravesados por profundas desigualdades estructurales, brechas digitales persistentes y marcos normativos aún en construcción.
Asimismo, se pone el foco en los poderes judiciales y en cómo las asimetrías en el acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación pueden profundizar desigualdades preexistentes, reproduciendo lógicas de exclusión. El texto también alerta sobre el riesgo de consolidar nuevas formas de colonialidad digital entre el Norte y el Sur global, en un escenario donde los Estados cuentan con capacidades limitadas para regular a las grandes corporaciones tecnológicas.
Invitamos a la comunidad a leer el informe completo y, en particular, este capítulo, que aporta herramientas clave para pensar críticamente la transformación digital del Estado desde una perspectiva de derechos humanos, justicia social y soberanía tecnológica.