El peregrinar indignamente por el reconocimiento del derecho a la salud
Natalia Echegoyemberry, Verónica Fuente Kleiner, Vanina Piccardo y Paula Rojo
Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática
En la Argentina actual, cada vez más personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas, poco frecuentes, infecciosas o terminales son empujadas a un circuito de abandono institucional por parte de las prepagas, obras sociales y Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) .
El peregrinar por autorizaciones, trámites inútiles, “portales web”, aplicaciones que no funcionan, canales cerrados, o conversaciones con un “bot” para el reclamo son parte de una estrategia sistemática: dilatar, negar, invisibilizar, retrasar y desalentar el acceso al sistema de salud.
La desatención no es solo omisión: es una forma de violencia. La anulación de vías de gestión y de contacto efectivas, la imposibilidad de reclamar justamente por derechos básicos, el trato indigno e indiferente, son asimilables a tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos.
Respuestas de las prepagas discriminatorias como afirmar que “la identidad sexual es una patología preexistente” para negar el derecho a tratamientos de personas LGBTIQ+; negar medicamentos para tratar la trombofilia a una persona embarazada con riesgo de vida; personas mayores sin prestaciones geriátricas adecuadas; pacientes con VIH con tratamiento interrumpidos, rechazos de tratamientos paliativos para pacientes terminales; denegar medicamentos oncológicos a personas con cáncer o tratamientos crónicos para enfermedades poco frecuentes, no son hechos aislados son algunos casos que constituyen verdaderas condenas a muerte, o a la peor calidad de vida posible.
Las entidades, agentes y profesionales que trabajan en las prepagas y obras sociales parecen no dimensionar la gravedad ética, humana y legal del daño que provocan con cada negativa, cada demora y cada acto de indiferencia. No se trata solo de burocracia: se trata de vidas humanas. El retraso o la interrupción de un tratamiento puede significar sufrimiento, secuelas irreversibles o incluso la muerte. Comprender esto no es opcional: es una obligación moral y profesional.
A esto se suman decisiones políticas estructurales que agravan el escenario del desfinanciamiento de hospitales públicos, recortes económicos en programas e insumos médicos y la desinversión en ciencia y tecnologías. Todo ello configura un patrón de abandono y vulneración sistemática del derecho a la salud. Todos van arrancando de a poco la vida y la esperanza de las personas.
Esta realidad no solo erosiona la vida y la esperanza de quienes más necesitan del sistema, sino también la de quienes, desde una vocación profesional y ética, confiamos en el derecho como herramienta de transformación social, y hemos jurado defender la Constitución y las leyes.
A esta situación se suman decisiones estructurales de política pública que agravan el escenario: el desfinanciamiento progresivo del sistema hospitalario, los recortes presupuestarios en programas de salud e insumos médicos esenciales, y la desinversión sostenida en ciencia y tecnología. Todo ello configura un patrón sistemático de abandono y vulneración del derecho a la salud.
El título de esta gacetilla toma prestado el nombre de una célebre canción mexicana: “Arráncame la vida”, compuesta por Agustín Lara. Su letra, leída muchas veces como una metáfora del desgarro amoroso, adquiere aquí otro sentido: lo que se intenta arrancar no es solo la vida, sino la dignidad humana misma.
En esta lógica perversa, incluso el derecho a morir en paz y con dignidad se ve vulnerado. No se respeta el acompañamiento, la contención ni los cuidados paliativos. Se arranca de un tirón, no solo la atención sanitaria sino también la posibilidad de una muerte digna, sin sufrimiento evitable.
En este escenario nos preguntamos: ¿qué queda cuando el Estado pierde el eje de su razón de ser, que es la ciudadanía? Cuando el Estado se corre de su función esencial, lo que emerge no es únicamente la lógica del mercado, sino formas extremas de crueldad. No es la libertad, sino la opresión. No es la autonomía, sino la condena a no poder decidir siquiera sobre el propio proyecto de vida… o incluso de muerte.
Como defensoras y defensores de derechos humanos, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento cotidiano que provoca en las personas un sistema que opera tan inescrupulosamente, violando leyes y tratados internacionales, reproduciendo necro políticas sanitarias que configuran formas sistemáticas de desprotección de la población.
Creemos que la lucha por el derecho a la salud no es un asunto individual sino colectivo y por ello exigimos a las Prepagas, Obras sociales y al PAMI a adecuar sus acciones y prácticas a las normas éticas, profesionales y legales que rigen en materia del derecho a la salud. Exhortamos a que los organismos públicos competentes ejerzan de manera efectiva el control de convencionalidad, negándose a aplicar medidas o prácticas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), los tratados y la jurisprudencia interamericana.
Acompañan: Comisión por los Derechos humanos Trenque Lauquen
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