Entre el 19 de febrero y el 1 de marzo, los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) retomarán las negociaciones para elaborar un tratado vinculante que oriente la atención frente a futuras pandemias. El primer borrador había cosechado múltiples críticas por tener un lenguaje débil, que no permitía garantizar la equidad en el acceso a vacunas, tratamientos y tecnologías ante emergencias. Ahora, una nueva propuesta, presentada por la Unión Europea, deja en clara desventaja a los países pobres y en desarrollo frente a las naciones europeas y la industria farmacéutica, en temas vinculados a propiedad intelectual y transferencia tecnológica, entre otros.
A tres meses de cumplirse el plazo previsto para contar con un tratado mundial sobre preparación ante pandemias, se conoció que la Unión Europea (UE) presentó una propuesta que deja en desventaja a los países pobres y en desarrollo en materia de acceso a transferencia de tecnologías, liberación del conocimiento protegido por patentes y el retorno de beneficios por cesión de información genética de patógenos, entre otros aspectos.
Así lo sostiene un análisis realizado por la organización internacional Red del Tercer Mundo, que investiga temas de desarrollo y relaciones de los países del norte y sur. La iniciativa europea fue compartida en diciembre, en el marco de las sesiones informativas de las negociaciones del acuerdo, a los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo al análisis de la Red del Tercer Mundo, de prosperar el planteamiento de la UE, se reducirá la eficacia de la propuesta de creación de un sistema multilateral de Acceso y Participación en los Beneficios de las Pandemias (PABS), el cual tendrá entre sus funciones determinar los beneficios que obtendrán, por contrato, los países que reporten agentes patógenos o sus secuencias genéticas a una base de datos compartida.
En el marco de las negociaciones, el sistema PABS fue planteado por un bloque de 72 países en desarrollo. Entre estos se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
La propuesta europea sugiere la participación en la administración de dicho sistema del sector privado, junto a las partes interesadas de la OMS y del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo a la sociedad civil.
La propuesta europea sugiere la participación del sector privado en la administración del sistema PABS.”
“Esta asociación determinará los detalles de los contratos de participación de beneficios [lo que un país obtiene a cambio de ceder información genética de patógenos], celebrará acuerdos con los fabricantes de productos sanitarios y, también, se encargará de hacer operativa la disponibilidad y asequibilidad del suministro durante una pandemia/emergencia de salud pública de importancia internacional”, detalla Sangeeta Shashikant, asesora legal de Red del Tercer Mundo, en el análisis que hace al documento de la UE.
En conversación con OjoPúblico, la abogada y experta en temas de propiedad intelectual, advirtió que la participación del sector privado en la administración del PABS implica un conflicto de intereses. Por eso, a su criterio, hay “riesgo de que este sistema no genere resultados equitativos durante una emergencia sanitaria”.
Asimismo, a fin de evitar lo vivido en los años de la pandemia de covid-19 —en los que se presentaron desigualdades para acceder a equipos de protección, diagnósticos, oxígeno, vacunas y otras tecnologías médicas—, la organización Red del Tercer Mundo, señala la necesidad de implicar a los fabricantes de productos sanitarios de diferentes regiones y subregiones.
De este modo, con el otorgamiento de licencias a fabricantes y la entrega de tecnologías y conocimientos especializados, se ampliará la capacidad de producción de insumos y equipos médicos a los países pobres y en desarrollo.
Aunque este planteamiento surgió de los países en desarrollo, el mismo no se menciona en ningún momento en la propuesta de la Unión Europea conocida en diciembre último. Natalia Echegoyemberry, de la coalición Vacunas para la Gente, que agrupa a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, sostiene que esta nueva propuesta “continúa sin asegurar, ni generar las condiciones para la debida diligencia estatal, la solidaridad y cooperación internacional.”
CONTRA EL TIEMPO. Se espera que la versión final del tratado sea aprobado en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de este año.
Foto: OMS
Otro punto que genera preocupación en las organizaciones de sociedad civil son los beneficios que obtendrán los países por compartir la información genética de patógenos con la OMS y la industria farmacéutica.
Retorno de beneficios
El análisis de Sangeeta Shashikant, de Red del Tercer Mundo, advierte también que la iniciativa de la UE rompe la asociación entre el acceso a información de agentes patógenos y sus secuencias genéticas en plataformas compartidas de datos, y los beneficios que se derivan de su uso.
La información genética de estos agentes patógenos, que pueden causar enfermedad en las personas infectadas, es necesaria para el desarrollo de tecnologías médicas como vacunas.
Javier Llamoza Jacinto, investigador peruano de Acción Internacional para la Salud (AIS Perú), precisa que las vacunas se desarrollan a partir de la vigilancia y el reporte que hacen los países de nuevos patógenos o sus variantes, que representan una amenaza a la salud pública. Esta información es reportada a la OMS, que a su vez la comparte con los centros de investigación afiliados y la industria farmacéutica.
Con esa información, “lo que hace esta industria farmacéutica es desarrollar tecnologías como test de diagnóstico, tratamientos o vacunas, sin existir una vinculación de beneficio con el país o países reportantes. Eso no está bien. En el caso del acuerdo para la prevención de pandemias por influenza, los países reportan y, a cambio, reciben un aporte económico, administrado por la OMS, para que fortalezcan las respuestas frente a la amenaza”, detalla Llamoza Jacinto.
Además, la industria farmacéutica está obligada a donar un porcentaje de la tecnología desarrollada para los países más pobres. “Entonces, yo reporto la información y también obtengo beneficios, eso ha funcionado con vacunas como la de la influenza”, remarca el experto peruano.
En el caso del acuerdo para la prevención de pandemias por influenza, los países reportan y, a cambio, reciben un aporte económico.”
Lo que establece la propuesta de la UE es que los países deben ceder esa información “sin condiciones” a los destinatarios que lo soliciten.
Este planteamiento del bloque europeo va en contra del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya (vigente en Perú desde 2014), que establecen que el acceso a los recursos genéticos está supeditado al consentimiento previo del país que lo proporciona, detalla el análisis de Red del Tercer Mundo.
De otro lado, en uno de sus apartados de la propuesta europea, el 5(h), se señala que no se permitirán reclamaciones de propiedad intelectual sobre muestras derivadas de los patógenos y datos de secuencia genética reportadas por los países. Es decir, el conocimiento y las tecnologías nuevas y patentadas que produzca la industria a partir de esa información base tendrá su propiedad intelectual.
De acuerdo a Natalia Echegoyemberry, magíster en Salud Pública por la Universidad de Buenos Aires, este punto es uno de los más urgentes a discutir. “Desde el sur global tenemos que disputar la idea de que las vacunas, insumos críticos, medicamentos y tecnologías sanitarias son bienes públicos mundiales y que deben cumplir una función social”, señaló a OjoPúblico.
Opacidad en las negociaciones
El Órgano de Negociación Intergubernamental (INB, por su sigla en inglés), con la participación de los 194 Estados miembros de la OMS, se creó en diciembre de 2021 para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional sobre la preparación, prevención y respuesta ante futuras pandemias con un enfoque de equidad. En ese sentido, los países se preparan y comparten información con diversos sectores en su territorio.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sostuvo, en diciembre, que, pese a las demoras en el proceso de negociaciones, tenía confianza en que el tratado esté listo para su revisión y aprobación en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2024.
RIESGO. Países en desarrollado piden que se liberen los permisos para que aquellos territorios que tengan los medios produzcan tecnologías como vacunas.
Foto: Andina
Las últimas reuniones del INB se dieron en noviembre y diciembre de 2023. Hasta entonces, el borrador del tratado había recibido críticas por su lenguaje débil, que no permitía garantizar la equidad para el acceso a vacunas, tratamientos y tecnología en caso de la ocurrencia de pandemias, como informó OjoPúblico.
Por entonces, Perú anunció que plantearía cambios al borrador. Sin embargo, estos aún no se conocen. Este medio se comunicó con el Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), que participa del espacio de negociaciones, pero hasta el cierre de este artículo, no hubo respuesta.
“Creo que este proceso está afectado por un problema transversal del gobierno peruano y, en especial, del sector salud. La descapitalización técnica y política hace que el Perú participe tarde y mal en este proceso. El Ministerio de Salud, brazo técnico de la cancillería, ha jugado un rol más bien mediocre y ha dejado a una cancillería —ya débil— el liderazgo”, dijo el exministro de Salud Víctor Zamora Mesía, sobre el proceso.
El Ministerio de Salud, brazo técnico de la cancillería, ha jugado un rol más bien mediocre.”
OjoPúblico también se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de conocer a detalle la participación del Perú en la elaboración del tratado pandémico y sus avances. Sin embargo, señalaron que no son el ente rector en el espacio de las negociaciones, y que acompañan las negociaciones a través de una misión.
La propuesta europea será uno de los puntos a abordar en el octavo encuentro del Órgano de Negociación Intergubernamental, que tendrá lugar desde el 19 de febrero hasta el 1 de marzo próximos, en la ciudad de Ginebra, en Suiza.
Según Javier Llamoza, de Acción Internacional para la Salud, hay otros aspectos que todavía no se han abordado en este espacio. Uno de ellos tiene que ver con la liberación de la propiedad intelectual de las tecnologías sanitarias desarrolladas con recursos públicos.
“Hay muchas tecnologías que se desarrollan con estos recursos y terminan en manos de la industria [farmacéutica] y las patentan”, alertó.
En ese sentido, sostuvo que el tratado que se está negociando debe lograr que dichas tecnologías queden libres “para que cualquier país que tenga la capacidad de producirlas lo haga y, así, se reduzcan las inequidades.”
Sangeeta Shashikant, que analizó la propuesta europea, dijo a OjoPúblico que la única manera de lograr equidad es garantizando que el tratado pandémico tenga obligaciones y mecanismos concretos. Al respecto, abogó por “un sistema PABS transparente, integral, responsable y justo”.
Mientras tanto, el borrador del tratado pandémico aún “se encuentra lleno de buenas intenciones y frases políticamente correctas”, dice Natalia Echegoyemberry. “No se trata de modificar solo el lenguaje del instrumento, sino de tener voluntad política para hacerlo”, sentencia.